Comisión Permanente clausura sesiones sin dictaminar crisis de seguridad en Sinaloa
El Congreso de la Unión concluyó su periodo de trabajo dejando pendientes iniciativas sobre la violencia en Sinaloa y solicitudes de extradición.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión finalizó oficialmente su periodo de sesiones este lunes sin haber dictaminado las diez iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de oposición. Estos proyectos buscaban atender de manera urgente la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa, además de solicitar información detallada sobre diversos procesos de extradición pendientes ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República. La falta de consenso impidió que los temas fueran integrados en la agenda legislativa de los últimos meses.
Durante las sesiones, diversos legisladores advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones de la entidad, argumentando que la ausencia de una respuesta legislativa contundente limita la capacidad de supervisión del Congreso sobre las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los representantes de la oposición señalaron que el estancamiento de estas propuestas deja a la deriva las preocupaciones de los ciudadanos sinaloenses, quienes han reportado afectaciones en sus actividades cotidianas debido a la inestabilidad en la zona.
Por su parte, los integrantes de la mayoría parlamentaria mantuvieron su postura de priorizar otros asuntos de la agenda nacional durante el cierre del periodo. Argumentaron que las peticiones presentadas no contaban con los elementos técnicos necesarios para su discusión inmediata y que la coordinación con las autoridades estatales y federales ya se encuentra en marcha a través de los canales institucionales establecidos por el Gobierno Federal. El debate sobre la eficacia de estas medidas se mantuvo polarizado hasta el último minuto de la jornada.
Con esta clausura, la atención se traslada ahora al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, donde los bloques parlamentarios deberán definir si retomarán las propuestas sobre la seguridad en el noroeste del país. Mientras tanto, el control de la seguridad pública continúa bajo el despliegue operativo de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas en coordinación con las autoridades locales, manteniendo el enfoque en la estrategia de seguridad vigente a nivel nacional.


