FGR realiza diligencias en oficinas del INE por contratos administrativos
Personal de la Fiscalía General de la República ingresó a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para investigar presuntas irregularidades en el área de Recursos Materiales.

Personal ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresó este viernes a las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicadas en la Ciudad de México, para llevar a cabo diligencias relacionadas con una investigación en curso. El operativo se centró específicamente en el área de Recursos Materiales, donde los agentes ministeriales buscan indicios sobre posibles irregularidades administrativas en la gestión de contratos durante la actual administración de Guadalupe Taddei Zavala.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la intervención judicial responde a una serie de denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal. El objetivo de las autoridades es recopilar documentación contable y administrativa que permita esclarecer el proceso de adjudicación de servicios y la adquisición de insumos realizados por el organismo electoral en meses recientes. El acceso a las oficinas se realizó en estricto apego a los procedimientos legales, permitiendo el despliegue del personal ministerial en las áreas señaladas por la orden de cateo.
El Instituto Nacional Electoral emitió una breve postura institucional señalando que su personal ha colaborado con los requerimientos de la autoridad federal para facilitar la transparencia en la investigación. Hasta el momento, el organismo autónomo no ha detallado el impacto de estas diligencias en sus actividades operativas, pero ha reiterado su disposición para entregar la información que sea solicitada por los peritos de la FGR para el desahogo de las pruebas.
Las investigaciones por el uso de recursos públicos en el INE se mantienen en una etapa preliminar, por lo que la Fiscalía General de la República continuará con el análisis de los archivos y dispositivos electrónicos incautados durante esta jornada. Se espera que, tras el procesamiento de los materiales recabados, la autoridad ministerial determine si existen elementos suficientes para iniciar procesos de responsabilidad administrativa o penal contra quienes resulten responsables por el manejo irregular de las partidas presupuestarias.


