Gobierno destinará recursos recuperados del caso García Luna a escuelas en Guerrero
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 5.8 millones de dólares recuperados se invertirán en infraestructura educativa, mientras continúa la búsqueda de activos vinculados a la red de Genaro García Luna.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que los 5.8 millones de dólares recuperados por el Estado mexicano, derivados de procesos judiciales relacionados con Genaro García Luna, serán destinados íntegramente a fortalecer la infraestructura educativa en el estado de Guerrero. Esta decisión forma parte de una política de recuperación de activos que busca reintegrar al erario los recursos obtenidos ilícitamente durante administraciones pasadas, enfocando el gasto en zonas que presentan mayores rezagos sociales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que los fondos serán canalizados a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para atender las necesidades de planteles escolares que requieren rehabilitaciones urgentes. La estrategia contempla que el impacto de esta inversión sea tangible en las comunidades más vulnerables, alineándose con los objetivos de justicia social planteados por el actual gobierno federal.
Por otro lado, la administración federal ha confirmado que las labores de investigación y rastreo de capitales no se detienen en este monto. El equipo de trabajo jurídico del Gobierno de México mantiene activas las gestiones para localizar y recuperar otros activos vinculados a la red de empresas asociadas al caso Weinberg, señalada como una pieza clave en las operaciones financieras irregulares del exfuncionario.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Inteligencia Financiera continúan coordinando esfuerzos internacionales para asegurar que los recursos que permanecen en el extranjero bajo sospecha de procedencia ilícita regresen al país. Las autoridades mexicanas han enfatizado que el objetivo es garantizar que la reparación del daño sea permanente y se traduzca en obras de infraestructura pública que beneficien directamente a la población, cumpliendo con los marcos legales vigentes para la recuperación de bienes de la nación.


