ONG señala retrocesos en estándares democráticos bajo la administración de Sheinbaum
Human Rights Watch advierte sobre una brecha entre la diplomacia internacional del Gobierno de México y la situación interna en materia de libertades.
La organización internacional Human Rights Watch publicó un informe este jueves en el que sitúa a México entre las naciones con mayores retrocesos democráticos en el último año. El documento subraya una contradicción persistente entre el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en foros internacionales, donde defiende la soberanía y los derechos humanos, y la realidad que enfrentan las instituciones autónomas y la sociedad civil dentro del país.
El reporte destaca que la presión sobre el Poder Judicial y las constantes críticas hacia los organismos autónomos han generado un ambiente de incertidumbre jurídica. Según la organización, las políticas impulsadas por la administración federal han debilitado los mecanismos de contrapeso que son esenciales para el funcionamiento de una democracia plena, afectando la percepción de independencia en las instituciones mexicanas.
En cuanto a la seguridad pública, la dependencia operativa de la Guardia Nacional hacia la SEDENA es señalada como un factor que preocupa a observadores internacionales. Aunque el Gobierno de México ha defendido que esta estrategia es necesaria para reducir la incidencia delictiva, el informe advierte que la militarización de tareas civiles podría derivar en mayores riesgos para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por su parte, el equipo de comunicación de la Presidencia ha sostenido que las acciones del gobierno buscan transformar las instituciones para responder mejor a las necesidades de la población. La postura oficial recalca que el mandato recibido en las urnas es un respaldo a la legitimidad de sus reformas, argumentando que la soberanía nacional es la prioridad frente a las evaluaciones de organismos externos.
La administración federal ha propuesto, en diversos foros, entablar un diálogo constante con la comunidad internacional para aclarar los alcances de sus políticas públicas. No obstante, el informe concluye que, mientras no se fortalezcan los espacios de diálogo interno y se garantice la autonomía de los órganos reguladores, la tensión entre el Gobierno de México y los organismos de derechos humanos continuará siendo un punto central en la agenda pública.
